Segob intensifica seguimiento a casos de personas vulnerables en prisiones mexicanas

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó este miércoles que el Comité de Preliberaciones continúa con las sesiones de trabajo enfocadas en la revisión de expedientes de personas privadas de la libertad que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad. Este esfuerzo institucional tiene como objetivo evaluar la procedencia de beneficios legales para individuos que pertenecen a grupos prioritarios dentro del sistema penitenciario nacional, garantizando que el proceso se apegue estrictamente a los marcos jurídicos vigentes.

De acuerdo con la dependencia, el comité presta atención especial a personas mayores, individuos con enfermedades crónicas o terminales, así como a aquellos que pertenecen a comunidades indígenas y que han enfrentado barreras de acceso a una defensa adecuada. El trabajo de este órgano colegiado busca identificar casos donde la reclusión pueda ser sustituida por medidas alternativas, siempre bajo una perspectiva de derechos humanos y justicia restaurativa.

Las autoridades señalaron que el análisis de cada caso es exhaustivo y requiere la colaboración de diversas instancias federales para validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Este proceso no implica una liberación automática, sino una revisión detallada de las condiciones sociales y legales de cada interno, asegurando que la reinserción social sea viable y segura para la sociedad mexicana.

El equipo de trabajo encargado de estas preliberaciones enfatizó que la política actual busca reducir la sobrepoblación en centros penitenciarios, especialmente en aquellos donde la infraestructura no permite atender adecuadamente las necesidades médicas o de asistencia de los grupos más desprotegidos. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de justicia en todo el territorio nacional.

Finalmente, la Segob mantiene un canal de comunicación abierto con las autoridades penitenciarias de las entidades federativas para alinear criterios de evaluación. Con estas medidas, el Gobierno Federal busca garantizar que el acceso a la justicia sea una realidad para todos los sectores de la población, sin importar su situación jurídica o condición de vulnerabilidad.