Moody’s advierte que reformas judiciales limitan la inversión privada en México
La agencia calificadora señala que los cambios en el sistema judicial y otras reformas recientes generan incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos en el país.

La agencia calificadora Moody’s ha advertido este martes que las recientes modificaciones al sistema judicial mexicano están actuando como un factor restrictivo para la inversión privada. De acuerdo con el análisis difundido por la institución, la percepción de riesgo entre los inversionistas ha incrementado debido a los cambios estructurales en el Poder Judicial, lo que impacta directamente en las expectativas de crecimiento económico a mediano plazo.
El reporte enfatiza que, además de los ajustes en la impartición de justicia, existen otras reformas implementadas recientemente que han elevado la incertidumbre en el entorno de negocios. Según la agencia, estas medidas complican la predictibilidad necesaria para el cumplimiento de contratos y la protección de garantías, elementos considerados fundamentales por los mercados internacionales para destinar capital hacia proyectos de infraestructura y manufactura en territorio nacional.
La postura de la calificadora subraya que la solidez del marco jurídico es una condición indispensable para atraer flujos de inversión extranjera directa. La inquietud expresada por los analistas se centra en la estabilidad operativa de las empresas, las cuales requieren certidumbre jurídica para planificar sus operaciones y mantener la continuidad de sus compromisos comerciales dentro de México.
Aunque el gobierno federal ha sostenido que los cambios buscan una modernización institucional, los mercados han mostrado cautela ante la posibilidad de que estas modificaciones alteren el equilibrio de pesos y contrapesos. La incertidumbre reportada por la agencia se suma a los desafíos que enfrenta la SHCP para mantener la disciplina fiscal y fomentar un clima de negocios competitivo frente a socios comerciales globales.
Finalmente, Moody’s sugiere que la recuperación de la confianza inversionista dependerá de la capacidad de las autoridades para garantizar un estado de derecho robusto. La permanencia de esta percepción negativa podría influir en el costo del financiamiento para diversos sectores económicos, limitando el potencial de desarrollo que el país busca alcanzar en los próximos años bajo el esquema actual de mercado.
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