México recupera 5.8 millones de dólares tras venta de inmuebles ligados a García Luna

El Gobierno de México informó este sábado que ha concretado la recuperación de 5.8 millones de dólares, derivados de la venta de 12 inmuebles que formaban parte de una red de prestanombres vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Esta acción se enmarca dentro de la estrategia jurídica para recuperar activos que fueron obtenidos mediante recursos de procedencia ilícita durante las administraciones pasadas.

Los inmuebles vendidos pertenecían a la familia Weinberg, señalada por las autoridades mexicanas como pieza clave en el esquema de triangulación financiera que permitió la transferencia de fondos públicos hacia cuentas en el extranjero. El proceso de enajenación fue supervisado por las instancias federales encargadas de la administración de bienes asegurados, asegurando que los recursos ingresen directamente a las arcas del Estado mexicano.

Fuentes oficiales indicaron que esta operación es solo una parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar la estructura financiera que benefició a García Luna. El equipo jurídico del Gobierno federal continúa trabajando en la identificación y localización de otros bienes inmuebles y activos financieros distribuidos en distintas entidades del país, los cuales podrían ser objeto de futuras acciones legales para su recuperación.

La estrategia de recuperación de activos busca no solo el retorno de los recursos financieros a la nación, sino también sentar un precedente sobre la persecución de la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos. La administración federal ha reiterado que el objetivo es que estos fondos sean reintegrados a programas sociales y proyectos estratégicos de infraestructura en beneficio de la ciudadanía.

El seguimiento de este caso continúa en coordinación con diversas dependencias, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera, para asegurar que los procesos de extinción de dominio se lleven a cabo conforme a derecho. Mientras tanto, las autoridades mexicanas mantienen la vigilancia sobre las propiedades restantes identificadas como parte del mismo esquema de presunta corrupción.