Mercado ilegal de tabaco resta 35,000 millones de pesos al erario mexicano

El mercado ilegal de tabaco en México representa una pérdida estimada de 35,000 millones de pesos anuales para el erario público, a pesar de los constantes incrementos en la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta cifra refleja el impacto de una estrategia diversificada implementada por grupos delictivos, que han logrado consolidar una red que combina el contrabando internacional con la fabricación clandestina de productos dentro del territorio nacional.

Investigadores del Colegio de México (Colmex) han señalado que este fenómeno genera una competencia asimétrica frente a las empresas que operan bajo el marco legal. Mientras la industria formal enfrenta estrictas regulaciones sanitarias y una carga impositiva creciente, los productos ilegales se comercializan a precios significativamente menores en tianguis, mercados sobre ruedas y establecimientos informales en diversas entidades del país, evadiendo cualquier control de calidad o fiscalización por parte de las autoridades.

La estrategia mixta del crimen organizado ha sofisticado sus canales de distribución, aprovechando puntos ciegos en las aduanas y logrando penetrar en comunidades locales con fábricas de pequeña escala que operan fuera de la vigilancia de la Secretaría de Salud y el SAT. Esta situación no solo debilita la capacidad de recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que también representa un desafío creciente para la seguridad pública, al integrar cadenas de suministro que suelen estar vinculadas con otras actividades ilícitas.

Ante este panorama, expertos subrayan que el alza sostenida del IEPS, diseñada originalmente para desincentivar el consumo, ha tenido un efecto colateral no previsto en la política fiscal. La diferencia de precios entre el producto legal y el mercado negro se ha vuelto un incentivo para que los consumidores opten por alternativas de procedencia dudosa, complicando los esfuerzos del gobierno federal por controlar tanto el tabaquismo como la evasión impositiva.

La coordinación entre la Fiscalía General de la República y las autoridades aduaneras es vista como un punto clave para frenar esta tendencia, aunque los especialistas advierten que la dispersión de los puntos de venta hace extremadamente difícil una erradicación rápida. El reto para la actual administración reside en equilibrar la política de salud pública con medidas de inteligencia financiera que permitan desmantelar las redes de distribución que sostienen este lucrativo mercado paralelo.