Jueces en San Bartolo Coyotepec liberan a implicado en desaparición de activista
Autoridades judiciales en Oaxaca otorgaron la libertad a un sujeto vinculado con la desaparición forzada de un activista social, ignorando órdenes previas y generando indignación.

Un grupo de jueces en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ha incurrido en un presunto desacato al ordenar la liberación inmediata de un individuo señalado por su participación directa en la desaparición forzada de un activista local. La resolución judicial, emitida en días recientes, contradice las medidas cautelares que mantenían al imputado bajo proceso, desatando una serie de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos que califican la decisión como una vulneración a la justicia.
El caso, que ha mantenido en vilo a la comunidad oaxaqueña, involucra a un sujeto que enfrentaba acusaciones por privación ilegal de la libertad. A pesar de los elementos presentados por la fiscalía local que vinculaban al sospechoso con el paradero desconocido de la víctima, el órgano jurisdiccional consideró insuficientes las pruebas presentadas para mantener la prisión preventiva, permitiendo que el individuo abandone el centro penitenciario sin restricciones significativas.
Representantes de colectivos civiles han señalado que esta determinación ignora el contexto de violencia que enfrentan los defensores de derechos humanos en la región. Según los denunciantes, la falta de una perspectiva de género y de derechos humanos en el actuar de estos jueces pone en riesgo inminente la integridad de quienes buscan justicia por los casos de desapariciones pendientes en la entidad.
Ante este escenario, la defensa de la familia afectada ha anunciado que interpondrá los recursos legales necesarios ante instancias federales para impugnar la resolución. El equipo jurídico sostiene que hubo irregularidades en el debido proceso y que la decisión de los jueces de San Bartolo Coyotepec contraviene tratados internacionales y protocolos nacionales de protección para víctimas de delitos graves.
La controversia también ha llegado a oídos de las autoridades estatales, quienes han sido exhortadas a revisar el desempeño de los funcionarios judiciales involucrados en este fallo. Hasta el momento, el Poder Judicial del estado no ha emitido una postura oficial sobre el presunto desacato, mientras la comunidad local se mantiene en alerta ante la posible impunidad en este caso de alto impacto social.
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