Investigan a Nike por presunta discriminación contra empleados de raza blanca

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha iniciado una investigación formal contra la empresa de calzado y ropa deportiva Nike, ante señalamientos por presunta discriminación contra empleados de raza blanca. La medida se enmarca en una estrategia federal más amplia para revisar y limitar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) tanto en el sector público como en el privado, argumentando la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades sin distinciones de raza o identidad.

La investigación busca determinar si los programas de contratación y promoción interna implementados por la corporación contravienen las leyes federales de derechos civiles. Según fuentes allegadas a la administración, el Ejecutivo sostiene que diversas prácticas corporativas enfocadas en la equidad han derivado, en la práctica, en un trato dispar hacia ciertos grupos demográficos, lo cual es considerado inaceptable por las autoridades actuales.

Esta intervención es parte de una serie de acciones impulsadas por el equipo de campaña y el gabinete de Trump para erradicar las políticas de inclusión que, a su juicio, fracturan la cohesión social. El gobierno ha señalado su intención de revisar los protocolos de las grandes empresas, sugiriendo que cualquier política que otorgue beneficios o preferencias basadas en criterios de raza podría ser objeto de sanciones o de una reestructuración obligatoria por parte de las instancias judiciales estadounidenses.

Por su parte, el equipo legal de la corporación ha comenzado a colaborar con las autoridades para responder a los requerimientos de información, manteniendo una postura de cooperación inicial. Analistas económicos señalan que este tipo de investigaciones reflejan un cambio de paradigma en la relación entre el gobierno federal y las grandes marcas globales, que durante años habían adoptado esquemas de diversidad corporativa como estándares de responsabilidad social.

La situación ha generado un intenso debate en el ámbito empresarial internacional, donde se cuestiona el futuro de las oficinas de equidad en las grandes compañías. Mientras el proceso legal sigue su curso, diversas cámaras de comercio y grupos de derechos civiles observan con atención, ante la posibilidad de que esta investigación siente un precedente para otras empresas que operan bajo estructuras similares de contratación en todo el continente.