Imputan a exmandos policiales de Mexicali por desaparición forzada
La Fiscalía General del Estado de Baja California vinculó a proceso a exfuncionarios municipales por su presunta participación en la desaparición de jóvenes.

La Fiscalía General del Estado de Baja California formalizó la imputación contra diversos exmandos y agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, señalados por su presunta responsabilidad en delitos de desaparición forzada y ejecución. Entre los funcionarios señalados figuran Pedro Ariel Mendívil García, quien se desempeñó como titular de la corporación, y el excomandante general Luis Alfonso Jacobo, además de varios elementos operativos que formaban parte de la estructura de seguridad local en el momento de los hechos.
Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron en el contexto de operativos de vigilancia en diversas colonias de la capital bajacaliforniana. Según las indagatorias presentadas ante un juez de control, los elementos policiales habrían interceptado a los jóvenes bajo supuestas faltas administrativas, tras lo cual se perdió todo contacto con las víctimas, cuyos paraderos permanecen sin ser localizados por las autoridades ministeriales a pesar de las labores de búsqueda realizadas en meses recientes.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que vinculan a los implicados con el uso indebido de unidades oficiales y la alteración de bitácoras de servicio para ocultar el trayecto seguido durante el turno en el que se reportó la desaparición. La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar argumentos adicionales, por lo que el juzgador determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras se resuelve su situación jurídica.
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad han instado a las autoridades a profundizar en las líneas de investigación para esclarecer si existió una cadena de mando que ordenara o tolerara las acciones de los agentes. Por su parte, la actual administración municipal ha declarado que colaborará plenamente con la Fiscalía para garantizar que los procesos judiciales se realicen con transparencia y en apego a los derechos humanos.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y los exámenes de confianza dentro de las policías municipales en el norte del país. La ciudadanía permanece a la espera de que el Poder Judicial dictamine las sentencias correspondientes una vez que se agoten las etapas de investigación complementaria y el juicio oral que deberá celebrarse en los próximos meses.
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