Finaliza el arraigo domiciliario de Brenda Quevedo tras 18 años
El Poder Judicial de la Federación ordenó el cese de la medida cautelar de arraigo domiciliario para Brenda Quevedo, involucrada en el Caso Wallace desde hace casi dos décadas.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México determinó este domingo la conclusión del arraigo domiciliario que mantenía Brenda Quevedo Cruz. Esta resolución se produce 18 años después del inicio del denominado Caso Wallace, uno de los procesos judiciales más extensos y mediáticos en la historia reciente del país relacionado con el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.
La determinación judicial marca un cambio en la situación jurídica de Quevedo, quien ha permanecido bajo diversas medidas cautelares durante casi dos décadas mientras se desahogaban las etapas de su proceso penal. Durante este tiempo, la defensa de la procesada ha interpuesto múltiples recursos legales cuestionando la duración del procedimiento y la falta de una sentencia definitiva, argumentando violaciones al debido proceso y a la celeridad judicial que exige la Constitución Mexicana.
Por su parte, el equipo legal que representa los intereses de la familia Wallace ha manifestado su rechazo a esta modificación, señalando que la medida podría afectar el desarrollo del litigio en curso. Los representantes legales han indicado que continuarán presentando las pruebas necesarias ante las autoridades judiciales para buscar que el proceso llegue a su conclusión conforme a las leyes vigentes y bajo la jurisdicción de los tribunales federales.
Este caso ha sido objeto de revisión por diversas instancias nacionales e internacionales, centrando el debate sobre los tiempos de resolución en el sistema de justicia mexicano. La decisión del juzgado capitalino se suma a una serie de resoluciones recientes que han buscado revisar las medidas cautelares prolongadas dentro de los expedientes penales que superan la década de antigüedad en los juzgados del país.
Tras la resolución de este domingo, se espera que el Poder Judicial continúe con las diligencias correspondientes dentro de la causa penal abierta. Mientras tanto, las autoridades de seguridad y justicia mantienen bajo resguardo los detalles del traslado y la situación operativa de la procesada, cumpliendo con los protocolos de actuación vigentes para este tipo de resoluciones judiciales en la Ciudad de México.
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