Exigen justicia y seguridad para trabajadores mineros en Sinaloa

Representantes de la industria minera y familiares de trabajadores desaparecidos y asesinados en Sinaloa han alzado la voz este sábado para exigir justicia inmediata ante la creciente ola de violencia en las zonas de extracción. La demanda principal dirigida a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la implementación de estrategias de seguridad efectivas que protejan la integridad de los mineros, quienes se han convertido en blancos recurrentes de grupos delictivos en la entidad.

La industria minera sostiene que las condiciones actuales de inseguridad impiden el desarrollo de sus actividades, pero enfatizan que la prioridad absoluta es frenar la pérdida de vidas humanas. Voceros del sector han señalado que los trabajadores no deben ser considerados simples estadísticas, sino ciudadanos que requieren la presencia y protección del Estado en las regiones mineras de Sinaloa, donde el control territorial por parte de facciones delictivas ha escalado considerablemente en los últimos meses.

Ante este escenario, la petición formal al gobierno federal subraya la necesidad de una coordinación más estrecha entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales. Se propone el establecimiento de protocolos de vigilancia especializados que incluyan patrullajes de la Guardia Nacional en los caminos de acceso a las minas y zonas de operación, con el fin de disuadir las agresiones contra el personal.

Asimismo, el sector minero ha expresado su disposición para colaborar con las autoridades en la creación de corredores de seguridad, siempre que exista un compromiso real y verificable por parte de las instituciones. La exigencia se centra en que la estrategia de seguridad deje de ser reactiva y comience a ofrecer resultados tangibles que garanticen la tranquilidad de las familias afectadas y el derecho a trabajar sin temor a represalias o ataques violentos.

Por el momento, la atención se mantiene sobre los avances que la Fiscalía General de la República pueda reportar respecto a las investigaciones abiertas por los hechos violentos recientes. Los colectivos de familiares han reiterado que mantendrán sus acciones de protesta pacífica hasta que las autoridades presenten avances significativos en la localización de los desaparecidos y el esclarecimiento de los casos de homicidio en el estado.