EE. UU. sanciona a cúpula del Cártel de Sinaloa y funcionarios mexicanos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), informó este martes la imposición de sanciones económicas contra la actual estructura de mando del Cártel de Sinaloa. La medida incluye el congelamiento de activos y la prohibición de transacciones financieras para una veintena de operadores de alto nivel de esta organización criminal, así como para varios funcionarios públicos mexicanos, presuntamente vinculados a la protección de las actividades ilícitas del grupo en diversas entidades del país. El anuncio subraya una coordinación intensificada con agencias federales estadounidenses para desarticular las redes financieras que facilitan la operación de este grupo delictivo.

La lista de sancionados incluye a operadores clave encargados de la logística del trasiego de sustancias prohibidas y el lavado de dinero a través de empresas fachada. Asimismo, la OFAC señaló la presunta complicidad de servidores públicos en niveles estatales y municipales, quienes habrían facilitado el control territorial y la seguridad de las rutas de distribución. Este movimiento administrativo busca limitar la capacidad operativa de los señalados, bloqueando cualquier acceso a sistemas financieros bajo jurisdicción estadounidense y complicando sus operaciones internacionales.

Desde México, diversas dependencias federales han comenzado a revisar los expedientes derivados de esta acción de inteligencia. Aunque el gobierno federal no ha emitido una postura oficial definitiva sobre los funcionarios estatales involucrados, fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicaron que se realizarán las investigaciones internas pertinentes en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo es deslindar responsabilidades y verificar los posibles vínculos entre los actores sancionados y la administración pública local.

Esta estrategia de sanciones financieras representa un esfuerzo adicional por parte de Washington para presionar la estructura delictiva sin recurrir, de momento, a procesos de extradición inmediata. Analistas en materia de seguridad advierten que estas designaciones suelen preceder a nuevas solicitudes de cooperación judicial internacional. Por su parte, el sector gubernamental mexicano se mantiene a la espera de recibir la información detallada por parte de las autoridades estadounidenses para proceder conforme a derecho y fortalecer los controles en los estados señalados.