Cerca de 308 menores viven junto a sus madres en cárceles mexicanas
Un informe de la CNDH revela deficiencias en la atención integral para mujeres privadas de la libertad y sus hijos que permanecen en centros penitenciarios.
Un reporte reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha puesto en evidencia la situación de 308 niñas y niños que actualmente residen junto a sus madres en diversos centros penitenciarios de México. La investigación señala deficiencias estructurales y de atención en 66 penales estatales, donde las condiciones de vida para los menores de edad no cumplen con los estándares mínimos de bienestar necesarios para su desarrollo temprano dentro de un entorno de reclusión.
El estudio detalla que, en al menos 72 centros de readaptación social, se registra la presencia de 306 mujeres que cumplen sus sentencias acompañadas de sus hijos. Según los hallazgos de la CNDH, la infraestructura carcelaria en estas entidades federativas carece de espacios adecuados, servicios de salud pediátrica especializados y programas educativos o recreativos diseñados para la niñez, lo que compromete el derecho de los menores a un entorno digno y protegido mientras permanecen bajo custodia del Estado junto a sus progenitores.
La problemática alcanza niveles críticos en cuanto a la coordinación interinstitucional entre las autoridades penitenciarias y las dependencias responsables de la protección de la infancia. El documento subraya la urgencia de implementar protocolos específicos que garanticen una alimentación balanceada, el acceso oportuno a esquemas de vacunación y la vigilancia del desarrollo psicomotor de los niños, aspectos que actualmente enfrentan obstáculos derivados de la propia operatividad de los centros de reclusión.
Ante este panorama, especialistas en derechos humanos y representantes de la sociedad civil han solicitado a las autoridades de los tres niveles de gobierno una revisión integral de las políticas penitenciarias. Se ha propuesto fortalecer la colaboración con el sistema de salud pública y las autoridades de desarrollo social para asegurar que el interés superior de la niñez prevalezca, incluso cuando sus madres enfrentan procesos judiciales o compurgan penas privativas de la libertad en el sistema penitenciario nacional.
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