martes, 28 de julio de 2026

México

Adriana Magali Bárcenas Guillén enfrenta prisión preventiva por huachicol fiscal

La accionista de Logística Ferroviaria Fargo fue vinculada a proceso por su presunta participación en una red de evasión fiscal de hidrocarburos.

Redacción Nación 24
Foto: sdpnoticias.com

Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de la empresa Logística Ferroviaria Fargo, se encuentra bajo medida cautelar de prisión preventiva tras ser señalada por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal. La detención se deriva de investigaciones lideradas por autoridades federales que rastrean operaciones financieras irregulares vinculadas a la comercialización ilícita de combustibles, un delito que impacta directamente en la recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Fiscalía General de la República presentó ante el Poder Judicial diversos elementos de prueba que vinculan a la imputada con el esquema de defraudación. Según los informes preliminares, la red operaba mediante la alteración de pedimentos y documentos fiscales para simular movimientos legítimos de carga, permitiendo así la evasión de impuestos federales sobre hidrocarburos. El caso ha puesto bajo la lupa las operaciones logísticas en terminales ferroviarias estratégicas del país.

La defensa legal de Bárcenas Guillén ha solicitado el desahogo de pruebas adicionales para intentar revertir la medida cautelar impuesta por el juez de control. Mientras tanto, el proceso judicial continuará en las próximas semanas, periodo en el cual se espera que la FGR fortalezca la carpeta de investigación con datos recabados por el Servicio de Administración Tributaria. La resolución de este caso marca un precedente en las acciones emprendidas contra el sector logístico por irregularidades fiscales.

Este proceso ocurre en un contexto de mayor vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia financiera en México contra el mercado negro de combustibles. Las autoridades han enfatizado que el combate al huachicol, tanto en su vertiente física como en la fiscal, constituye una prioridad para proteger los ingresos del Estado y garantizar la seguridad energética nacional. El caso sigue abierto y sujeto a las determinaciones que emita el Poder Judicial en la etapa de vinculación a proceso.

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